Vladimiro Montesinos

(Arequipa, 1945) Militar y político peruano. Mano derecha de Alberto Fujimori, presidente del Perú entre 1990 y 2000, el descubrimiento del vasto entramado de corrupción y actividades ilegales que organizó a su sombra acabó forzando la dimisión del mismo presidente.

Vladimiro Montesinos siguió la carrera militar y llegó al grado de capitán del ejército, del que sería expulsado con deshonor en 1977, acusado de corrupción. Ya fuera de la institución militar, y tras estudiar derecho, se especializó en defender como abogado a algunos de los más famosos narcotraficantes peruanos y colombianos. De esta época datan también sus primeros contactos con la CIA y otros servicios de inteligencia.

Cuando Alberto Fujimori ganó las elecciones de 1990, eligió a Montesinos como su principal asesor en materia de seguridad del Estado y le encargó la dirección en la sombra del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), volcado por entonces en combatir la guerrilla maoísta de Sendero Luminoso. Desde esa posición, Montesinos se hizo con el control absoluto de las instituciones del Estado, con el beneplácito de Fujimori como presidente de la República y el apoyo de las Fuerzas Armadas. De esta etapa proviene también su gran fortuna, fruto de actividades ilegales (comisiones por venta de armas, narcotráfico y favores políticos), que podría superar los 1.000 millones de dólares.

Montesinos construyó desde el Servicio de Inteligencia Nacional una enorme red de información que permitió al gobierno de Fujimori infiltrarse en Sendero Luminoso y derrotarlo, pero también espiar la vida privada de políticos, empresarios, militares y periodistas. Desde 1990 hasta septiembre de 2000, sin ocupar ningún cargo oficial en el gobierno, Montesinos fue el poder en la sombra del Perú.

Apodado «el Doctor» y «el Rasputín» del fujimorismo, la oposición lo relacionó siempre con violaciones de los derechos humanos, como la matanza de Barrios Altos, en 1991; la matanza de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad de La Cantuta en 1992; la tortura y posterior asesinato de la agente del Servicio de Inteligencia Mariela Barreto en 1996; y la tortura de la ex agente Leonor La Rosa, en 1997.

El 14 de septiembre de 2000 se difundió un vídeo en el que se veía a Montesinos entregando dinero al diputado de la oposición Alberto Kouri en la sede del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), supuestamente para que el parlamentario se pasara a las filas del partido en el gobierno, que había cometido fraude electoral en las últimas elecciones. La revelación del soborno desató un gran escándalo político y forzó a Fujimori a renunciar a la presidencia, convocar elecciones y desactivar el SIN.

El 24 de septiembre Montesinos huyó a Panamá, pero regresó inesperadamente a Perú el 23 de octubre, permaneciendo en paradero desconocido. El 25 de octubre, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), organismo que agrupa a más de 30 grupos defensores de los derechos humanos en Perú, denunció a Montesinos por los delitos de genocidio, tortura, terrorismo, lesiones graves y homicidio calificado.

El 2 de noviembre las autoridades de Suiza informaron de la existencia de varias cuentas bancarias de Montesinos en ese país con 48 millones de dólares y le acusaron de blanqueo de dinero. El gobierno peruano abrió una investigación y designó un abogado especial encargado del caso. El día 6 de noviembre la justicia peruana ordenó el arresto de Montesinos y el embargo preventivo de sus bienes.

El 9 de noviembre Fujimori reveló la existencia de otras cuentas bancarias de su ex asesor en la isla caribeña de Gran Caimán, Montevideo y Nueva York. Trece días después, el propio Fujimori se exilió al Japón para ponerse fuera del alcance de la justicia peruana. Montesinos, acusado de corrupción de funcionarios, blanqueo de dinero procedente del narcotráfico, tráfico de influencias, defraudación tributaria, tortura, asesinato y enriquecimiento ilegal, logró escapar, pero fue detenido el 24 de junio del 2001 en Caracas. Rumores insistentes lo situaban en Venezuela, donde el presidente Hugo Chávez le habría dado acogida para compensarle por haber recibido en Perú al grupo de golpistas venezolanos del que él formó parte en 1992. Pese a ello, fue extraditado de inmediato a Perú para ser juzgado.

Internado en una celda de máxima seguridad de la Base Naval del Callao a la espera de que la justicia resolviera el centenar de procesos abiertos en su contra, en julio de 2002 conoció la primera sentencia del juzgado anticorrupción. En una vista que no fue pública, Montesinos fue condenado a nueve años de prisión y al pago de una reparación al Estado de 2,8 millones de dólares por el delito de usurpación de funciones entre 1991 y 2000, periodo en el que se colocó al frente del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) sin que hubiera sido nombrado oficialmente para ejercer el cargo.

La segunda sentencia llegó en febrero de 2003 y de nuevo fue condenatoria para el ex asesor de Fujimori; cinco años de privación de libertad por su responsabilidad en un delito de tráfico de influencias. Justo un año después, Montesinos volvió al banquillo para responder de un delito de tráfico y venta de armas a la guerrilla colombiana de las FARC. En el verano de 2004 recibió una sentencia más severa: 15 años de cárcel por hurto de bienes públicos, asociación ilícita y corrupción.

Cómo citar este artículo:
Tomás Fernández y Elena Tamaro. «» [Internet]. Barcelona, España: Editorial Biografías y Vidas, 2004. Disponible en [página consultada el ].